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59-2014
Inconstitucionalidad
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día diecisiete de noviembre de dos mil catorce.
El presente proceso fue promovido por los ciudadanos Eduardo Salvador Escobar Castillo, Félix Augusto Antonio Ulloa (conocido por Félix Ulloa hijo) y José Ramón Villalta, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 217 letra b) del Código Electoral, aprobado por Decreto Legislativo n° 413, de 3-VII-2013, publicado en el Diario Oficial n° 138, tomo n° 400, de 26-VII-2013 (o “CE”), por la presunta infracción al contenido normativo de los arts. 72
ord. 3°, en relación con el 3 inc. 1° y 79 inc. 2° de la Constitución de la República (en lo sucesivo
“Cn.”).
Han intervenido en el proceso los actores, la Asamblea Legislativa y el Fiscal General de la República.
La disposición infraconstitucional impugnada prescribe:
“Asignación de EscañosArt. 217 [letra b)]. Los Diputados y Diputadas a que se refiere el artículo 13 de este Código, se elegirán de la manera siguiente:
b. Determinado el cociente, los partidos políticos o coaliciones tendrán tantos escaños, como veces esté contenido el cociente electoral en el número de votos que hayan obtenido en la circunscripción de
que se trate y en el caso de los candidatos y candidatas no partidarios, resultará electo quien o quienes
alcancen el cociente electoral determinado para su circunscripción”.
I. 1. Inicialmente, por auto de 30-VII-2014, este Tribunal previno a los demandantes para que, entre otras cosas, aclararan con precisión cuál o cuáles eran las disposiciones legales que establecían una distinción abstracta de los sujetos normativos que recibían un trato discriminatorio en la asignación de escaños para el cargo de diputado.
A. Los demandantes propusieron el art. 217 letra b) CE como objeto de control de
constitucionalidad. Según ellos, dicha disposición distingue en términos abstractos a sujetos
normativos. De su contenido, advirtieron que: (i) cuando se trata de la asignación de escaños para candidatos no partidarios, resultan electos aquellos que alcancen el cociente electoral determinado para su circunscripción únicamente con los votos que consigan personalmente; esta regla es diferente a la aplicable a los partidos políticos o coaliciones porque a los votos que uno
de sus candidatos consiga se le suman los votos de los demás candidatos de su partido, con base en lo cual se calcula el cociente electoral y se distribuyen los escaños; y (ii) mediante tal disposición legal, al candidato no partidario se le contarán sus votos y se asignarán los escaños utilizando el sistema mayoritario, generalmente utilizado en circunscripciones uninominales, mientras que a los candidatos partidarios se les aplicará el sistema de cociente electoral y mayor
residuo. Teniendo en cuenta lo anterior, consideraron que la discriminación realizada por el legislador en la asignación de escaños legislativos entre los diferentes tipos de candidatos infringe el contenido normativo de los arts. 3 inc. 1°, 72 ord. 3° y 79 inc. 2° Cn.B. La demanda de inconstitucionalidad se admitió por auto de 10-X-2014. En éste se determinó que el problema jurídico que debía ser resuelto era determinar si el art. 217 letra b) CE establece un trato desigual entre los candidatos partidarios y los no partidarios, a partir del argumento de que aparentemente disminuye la posibilidad de los segundos para ser elegibles como diputados dado que tienen que competir contra los votos de los partidos políticos y de otros candidatos no partidarios y sus escaños son distribuidos atendiendo al sistema mayoritario, es decir, al que tenga más votos válidos. Ello representa una diferencia en relación con los candidatos partidarios o de las coaliciones pues sus candidatos forman un gran total de votos válidos, por medio del cual se obtiene una determinada cantidad de escaños que son distribuidos aplicando la fórmula de cociente y residuo mayor y en atención a los votos obtenidos por cada de
los candidatos.
2. A. Por su parte, en su intervención, la Asamblea Legislativa alegó que este tribunal suplió y corrigió algunos aspectos de la pretensión de inconstitucionalidad. Por ello, consideró que la demanda debió declararse inadmisible. Para dicha autoridad, los actores no habían sido capaces de configurar adecuadamente el objeto del proceso y en la petición formulada por ellos se solicitaba la inconstitucionalidad del art. 205 letra e) CE.

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