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¿Cuánto vale la contaminación?


A medida que se hace imperativo reducir las emisiones, organizaciones y gobiernos buscan fórmulas para compensar los efectos nocivos del carbono en la atmósfera

Un camión expulsa humo en la Ciudad de México. / ISABELLE SCHAEFER (BANCO MUNDIAL)

¿Cuánto vale el humo que sale del tubo de escape de su automóvil? ¿Y los gases que emiten las fábricas? El smog se ve —y se siente—en lugares como Pekín y Ciudad de México, es decir, es real. Pero es complicado medir y calcular en dinero el daño que se hace al planeta, a la naturaleza, a las personas.

Sin embargo, científicos, gobiernos, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales analizan fórmulas (algunas ya existentes) para “cobrar por contaminar” o “poner un precio a las emisiones”, es decir, que quienes más contaminen, compensen en términos económicos el daño que le hacen al ambiente. La idea es limitar y reducir las emisiones de gases de infecto invernadero, responsables del calentamiento global y del cambio climático.

Y es vital y necesario, ya que nuevos datos muestran que en 2013 la concentración de gases que provocan el efecto invernadero en la atmósfera registró un nuevo récord. Mientras continúen las emisiones al ritmo actual, la concentración de gases continuará creciendo. Esto provocará la elevación de la temperatura del planeta y traerá consecuencias graves para el medio ambiente con fenómenos climáticos más severos y más frecuentes, afectando actividades como la agricultura.

Pero para compensar estas emisiones, es indispensable cuantificarlas. Lo más común es calcular las emisiones de dióxido de carbono (CO2) o las emisiones equivalentes a CO2 de todos los gases que provocan el efecto invernadero, incluyendo el propio dióxido de carbono o el aún más contaminante metano.

Por eso, cuando se habla de “comprar” y “vender” emisiones que provocan el efecto invernadero y el cambio climático, se están describiendo los “mercados de carbono”.

Cuestión de precios

Aunque el precio que se ponga al carbono (o sus equivalentes) no sea igual al costo real de la contaminación, sí sirve para desincentivar las emisiones, según Neeraj Prasad, gerente de Alianzas y Conocimiento sobre Cambio Climático del Banco Mundial. “Con los precios al carbono, podemos decir, por ejemplo, que la energía producida con carbón es más cara que la energía producida por un panel solar,” explica Prasad.

“Si no somos capaces de estimar (en dinero) los daños que causa el cambio climático, hay otros mecanismos que podemos usar para determinar los precios que deberíamos usar como indicadores,” declaró Alvaro Umaña, ex ministro del Medio Ambiente y Energía de Costa Rica en el reciente Foro Latinoamericano del Carbono en Bogotá.

Si bien no es la región que más contamina, América Latina es muy vulnerable a las alteraciones del clima, como sequías prolongadas, inundaciones y tormentas más fuertes y recurrentes. Por eso, algunos gobiernos de la región, como en otros lugares del mundo, ya han establecido varios mecanismos y políticas para desincentivar las emisiones.

Un ejemplo son los impuestos al carbono, que se aplican a las emisiones de CO2, y varían según cada país. En México, por ejemplo, un nuevo impuesto a combustibles fósiles está ligado al contenido de carbono en el producto: por ejemplo, es más alto para el diésel (12.40 centavos por litro) que para la gasolina magna (10.38 centavos por litro).

Por su parte, en Costa Rica, los ingresos de un impuesto de 3.5% a los combustibles se han usado para el cuidado de los bosques. También existen mercados nacionales de emisiones, internacionales, como en la Unión Europea, y hasta un mercado global.

Si una empresa certifica, por ejemplo, que emitió por debajo del límite fijado o “cap” mediante la implementación de energía renovable, captura de metano, eficiencia energética etc., puede vender su excedente en un mercado (comerciarlo o “trade”) donde otra empresa o, un gobierno lo puede comprar si lo necesitara. Esta clase de mecanismos suelen ser llamados esquemas de intercambio de emisiones o “cap and trade”. Este pago puede ser utilizado para financiar inversiones “verdes”.

Impacto visible

Unos 40 países y más de 20 estados y municipios de todo el mundo ya han implementado impuestos al carbono o esquemas de intercambio de emisiones. En 2014, más de 100 empresas de diferentes países se adhirieron públicamente[IH1] a la propuesta de usar el precio del carbono como instrumento de gestión de riesgo.

Otra fórmula es el pago por servicios ambientales que reciben agricultores, comunidades indígenas o empresas que cuidan el medio ambiente. Por proteger la naturaleza, cuidar la biodiversidad o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pueden recibir cierta cantidad de dinero de su gobierno.

Este mecanismo se usa en Costa Rica, en México, Colombia o Brasil, con modelos diferentes. En Costa Rica por ejemplo, los propietarios de la tierra reciben dinero por cada árbol que plantan o conservan. Y los resultados se notan: la cobertura boscosa pasó del 21% en la década de los 80 hasta el 52% en 2012. “Hemos fijado, con el apoyo del Banco Mundial y otros, más de 90 millones de toneladas de carbono forestal en la última década”, afirma Alvaro Umaña.

Mirando al futuro

Este 23 de septiembre se llevará a cabo la Cumbre sobre el Clima en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se discutirán temas relacionados sobre el cambio climático y los beneficios de las medidas que se están tomando en el mundo para contrarrestar y evitar estos fenómenos.

Pero la mirada estará puesta en las negociaciones jurídicas internacionales sobre el clima que llevarán a cabo en Lima este diciembre y que continuarán en 2015 en París, donde se aspira a llegar a un nuevo acuerdo y nuevos objetivos mundiales de desarrollo sustentable. Estos mecanismos de “compra” y “venta” de carbono serán parte fundamental de las discusiones.

Lo más importante, señalan los expertos, es que los países se dirijan hacia un camino de desarrollo de bajo carbono. Que el precio del carbono se determine a través de un esquema de intercambio de emisiones o un impuesto, o que el medioambiente se proteja de otra manera como con el pago por servicios ambientales. Para que esto suceda, sin embargo, tanto el sector privado como el público tienen que estar de acuerdo.

 

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