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“La guayaba”, una fábrica de corruptos


Contrapunto

Mayo 2014

La historia de los presidentes acusados de corrupción empieza desde los tiempos post-independentistas y abarca tanto a civiles y militares
Por Carlos Cañas Dinarte

Ni en democracia ni en dictadura. Ni por civiles, militares o eclesiásticos. Ni en tiempos de guerra o en momentos de paz. En ningún momento de nuestra historia la corrupción debió tolerarse, promoverse y hasta favorecerse desde las atas instancias del gobierno y los más diversos niveles de la sociedad. Nunca debió, pero se hizo. Y el ejercicio del poder político se convirtió entonces no solo en la apetecida “guayaba”, sino en una fábrica de corruptos y corruptores, que desde entonces ha mantenido en marcha los mecanismos internos de un entramado en el que millones de pesos, colones y dólares del erario público han pasado a manos privadas y que en muy escasísimas ocasiones han sido devueltos.
Nuestra historia está permeada por la corrupción casi tanto como lo ha sido por la violencia. Desde la fundación del Estado nacional en junio de 1824, ha habido una marcada tendencia al desvío de fondos, a la malversación, a la compra de voluntades, al cohecho, al despilfarro, a las asociaciones ilícitas y a otras formas evidentes o disfrazadas de la corrupción, cometidas desde las más altas hasta las más bajas estructuras de la administración pública. Casi nadie se ha salvado de esa influencia, por lo que la probidad y la transparencia han sido elementos que se han valorado muy poco en esa “cultura del vivo” en que se elogia al que se enriquece con recursos del Estado, al mismo tiempo que se denigra e insulta por pen…sativo a quien no se apropia de la cosa pública en beneficio personal.

Héroes nacionales o regionales como el general Francisco Morazán fueron acusados en su momento de actos indebidos contra el erario público, Para el caso, ese caudillo militar fue apodado en suelo salvadoreño como “Chico Ganzúa”, por supuestos manejos que hizo de fondos públicos durante su paso por la máxima jefatura salvadoreña.
Unas décadas más tarde, el médico Dr. Rafael Zadívar fue acusado de apropiación indebida de una cantidad estimada en 2.6 millones de pesos, que era el doble del presupuesto general de la nación en un año administrativo y fiscal. En ese momento, el mandatario tenía un sueldo mensual de mil pesos, a lo que sumaba otros mil más para gastos de representación. Por eso, es más que generosa la cantidad de 500 pesos plata que le remitió al joven poeta Rubén Darío un día de agosto de 1882, cuando aquel escritor quinceañero recién arribaba a la capital salvadoreña por primera vez. ¿De dónde salió ese dinero que Darío gastó con tanta soltura, como él mismo lo contó muchos años después en su “Autobiografía”? El gobierno golpista del general Francisco Menéndez, que derrocó a Zaldívar en junio de 1885, embargó los bienes del exgobernante y lo sometió a juicio, en el que fue defendido por el abogado Dr. Salvador Gallegos. Por los siguientes diez años, el caso pasó por diversas instancias judiciales, en una serie de dilaciones que culminó cuando el expresidente fue perdonado, en 1897, por un indulto emitido por el nuevo gobernante y general Rafael Antonio Gutiérrez. Después de su rehabilitación y sin que ningún peso de la supuesta malversación hubiera vuelto a las arcas estatales, el Dr. Zaldívar fue nombrado máximo representante diplomático de El Salvador en Francia, en cuya capital fallecería en 1903.

El 27 de abril de 1893, la Asamblea Legislativa emitió un decreto, por el que autorizó que se le entregara al presidente y general Carlos Ezeta la cantidad de 100 mil pesos oro, con el propósito de que el mandatario realizara un viaje a Europa por motivos de salud. Cuando se desató el movimiento rebelde de “los 44” en su contra, el general Ezeta ordenó que se reuniera un préstamo interno de 500 mil pesos para sufragar los gastos del conflicto. Nunca volvió a saberse más de esas dos cifras erogadas, por lo que el cuerpo legislativo emitió otro acuerdo, el 3 de abril de 1895, en el que ordenaba al Poder Ejecutivo para que “por medio del Representante Fiscal haga las gestiones del caso, a fin de que la Nación sea reembolsada de la suma distraída”. El exmandatario se marchó al autoexilio en varios países de Europa y en el México del porfiriato, adonde fallecería a inicios del siglo XX. Según escribió Rubén Darío en una crónica periodística, su fortuna la dilapidó en los casinos de Montecarlo, pero no hay otra fuente que dé testimonio más certero de lo que ocurrió con aquellos dineros jamás reintegrados.

El movimiento rebelde de “los 44”, capitaneado por el general Rafael Antonio Gutiérrez tampoco estuvo a salvo de hechos reñidos con la corrupción. Como necesitaban dinero de forma urgente para financiar su campaña militar contra el régimen de Ezeta, esos insurgentes constituidos en un “gobierno provisional” se impusieron ante los banqueros de Santa Ana y los obligaron a entregarles créditos por la fuerza. Tras el triunfo de la revuelta, esa crédito privado y forzoso pasó a ser parte de la deuda interna del gobierno nacional encabezado por el general Gutiérrez y se constituyó en uno más de los desmanes económicos que condujeron a la fuerte crisis económica que desestabilizó a El Salvador desde 1897 en adelante y en la que dos de los bancos prestamistas quebraron. Tras su derrocamiento en noviembre de 1898, el general Gutiérrez se retiró a la vida privada y jamás fue procesado por el régimen de su sucesor, el general Tomás Regalado.
En 1931, ante el pleno legislativo se presentaron varias mociones ciudadanas para que se investigara a los expresidentes Jorge Meléndez, Dr. Alfonso Quiñónez Molina y Dr. Pío Romero Bosque por uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias, apropiación ilícita, y varios asesinatos políticos, como los de varias mujeres que participaron en la marcha molinista del 25 de diciembre de 1922. La Asamblea Legislativa, de la que formaba parte Alberto Masferrer, instauró una comisión para recoger pruebas y escuchar testimonios de esos supuestos actos de corrupción. Muy pronto, el legajo estaba lleno de documentos y de testimonios, en especial en temas relativos a la compra internacional de armamento para la infantería del ejército nacional, a la malversación de recursos en varias licitaciones de obras públicas como algunas carreteras nacionales y el desvío del fondo reservado para fundar el Banco Hipotecario. Ninguno de los exmandatarios fue citado jamás a declarar y sus casos se perdieron entre las gavetas de las agendas legislativas y judiciales dentro del Palacio Nacional. Esos tres casos fueron apabullados por la corrupción reinante durante la presidente del ingeniero Arturo Araujo y jamás fueron retomados por el de su sucesor, el brigadier Maximiliano Hernández Martínez. El Ing. Araujo huyó del país y jamás fue sometido a ningún proceso en su contra, por lo que en la década de 1960 hasta llegó a señalar la necesidad de que un funcionario como él contara con una pensión o jubilación por haber ejercido por poco menos de nueve meses la Presidencia de la República.

Es curioso como el imaginario popular salvadoreño ha pretendido construir en torno al general y teósofo un aura de administración pública caracterizada por la probidad, la falta absoluta de delincuencia y el ejercicio de la paz en el territorio nacional, pese a la vigencia del fuerte efecto económico derivado de la crisis bursátil de Wall Street de 1929. Pero basta con revisar alguna documentación de primera mano para darse cuenta de que, como toda dictadura, la probidad fue parte de la propaganda. Lo cierto es que en ese tiempo solo en San Salvador se reportaban diez robos diarios (sin contar los sub-registros de los hurtos y asaltos que nunca fueron atendidos por las autoridades), se toleraba la corrupción a diversas escalas, se potenció el tráfico internacional de estupefacientes y narcóticos, etc. Tras su salida del poder, en mayo de 1944, el exmandatario Hernández Martínez se marchó a vivir a Venezuela, Miami y Honduras, donde ejerció labores agrícolas, pero al estudiantado universitario la posesión de esas propiedades no le cuadró y por eso impulsó un proceso legal por malversación de recursos públicos que aún se mantenía abierto una década después, cuando el exgobernante retornó al país para una breve visita.
El caso más sonado de todos fue el del general chalchuapaneco Salvador Castaneda Castro. Luego de tres año de permanencia en la silla presidencial, el mandatario fue derrocado por la juventud militar el 14 de diciembre de 1948, en un golpe que ha pasado a ser designado en nuestra historia nacional como La Revolución y a cuya memoria se consagraron el monumento escultórico apodado El chulón y la alameda que inicia a sus pies y recorre algunos cientos de metros dentro de la colonia San Benito, en San Salvador. Para juzgar al derrocado exgobernante y a sus más cercanos colaboradores, el Consejo de Gobierno Revolucionario estableció un tribunal especial, que se dio a la tarea de documentar diversos como presuntos actos de corrupción cometidos durante ese período por los círculos familiar y ministerial allegados al general. Tras varios meses de reclusión y como producto de una evaluación médica por su mal estado de salud, Castaneda Castro fue indultado y liberado de cargos.

Así ha transcurrido nuestra historia, sin detenerse, entre justos, injustos, arcas abiertas y fondos nunca reintegrados. Y dado que este texto son solo meros apuntes redactados a vuelo de pájaro, quienes deseen indagar más de ese desarrollo histórico nacional pueden buscarlo en decenas de números del Diario Oficial y en cientos de páginas y legajos custodiados en el Archivo General de la Nación, en el Palacio Nacional. Ese es el mejor camino para iniciar la investigación, redacción y publicación de una historia general de la corrupción en El Salvador. Mientras se investiga y se redacta, la moraleja adelantada de esa historia es que en El Salvador hemos sido tolerantes con la corrupción en sus más diversas manifestaciones, la hemos elogiado y hasta la hemos promovido desde la ciudadanía. Optar a un cargo público ha sido casi un sinónimo de “componerse” a costa del dinero de todos, reunido gracias a nuestros impuestos y tasas. Pero si la historia ha sido escandalosa en cuanto al ejercicio de la Presidencia, no lo ha sido menos en los ámbitos legislativos, judiciales y municipales. Para el caso, en la tercera jornada de su sesión 31ª, la Asamblea Legislativa de 1931 emitió un voto de censura contra su homóloga del año anterior, porque varias de sus actuaciones estuvieron orientadas a defraudar a la hacienda pública.
¿Ha faltado legislación efectiva para perseguir a los autores de esos desfalcos, fraudes y demás acciones en contra de los intereses nacionales? ¿Han fallado las instituciones que debieron de haber ejercido mejor sus papeles contralores y judiciales? ¿Se necesita contar con oficinas y tribunales especiales para juzgar esos y otros presuntos hechos corruptos? Las respuestas pueden varias según nuestros intereses, pero lo más cierto de todo es que El Salvador necesita cambiar su escala de valores y fomentar la cultura de la probidad y de la transparencia, en lugar de seguir con la tradicional “cultura del vivo” o del “pura sangre que se lleva todo y a todos por delante”.

Aquí y ahora, debemos apostar por transformar el ascenso a “la guayaba” del poder en un verdadero ejercicio de responsabilidad conjunta entre el gobierno y la ciudadanía, con especial énfasis en que los delitos de corrupción no se toleren, se castiguen de manera severa y no prescriban nunca. Al fin y al cabo, todo eso solo redundará en beneficios plenos para el Estado. Es decir, en beneficios para todos los que somos hijos e hijas de El Salvador, residentes dentro o fuera de las fronteras nacionales, esas de las que también el islote Conejo forma parte.

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