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CORRUPCIÓN POLÍTICA Y DESCOMPOSICIÓN SOCIAL EN LA VIEJA Y MORIBUNDA REPÚBLICA-Por Aldo Álvarez


Por Aldo Álvarez. Abogado y Catedrático.
Diario El Mundo.

En el sentido clásico del pensamiento político, la corrupción es el abuso autoritario del poder, hasta llegar incluso a su ejercicio tiránico. En la actualidad tal sentido sigue estando confusamente presente en el discurso político, aunque predomina como referente uno de los tipos de abuso del poder, aquel que consiste en el enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los políticos o, en general de las autoridades, o el favorecimiento ilegal o ilegítimo a las causas u organizaciones a las que están integrados aunque no se beneficien personalmente, gracias a los cargos que desempeñan o sus conexiones con quienes los tienen. Están en juego, así, conceptos de manejo deshonesto de recursos públicos o recursos en torno a una gestión pública.

La relación entre corrupción y política es mucho más profunda de lo que quisiéramos, y no hay que perder de vista que la corrupción no sólo es una acción más o menos consagrada como delictiva, sino también un importante medio de influencia política con manifiestas ventajas respecto de la pura persuasión, por un lado, y la coerción, por el otro. Pero hay que decir que al nivel individual, la moralidad significa ser honrado, probo, de recto proceder, de integridad intachable, virtuoso, leal a los principios, a la ética, a la justicia. La moralidad es muy amplia y cubre todos los ámbitos de la vida humana, en lo económico, lo social y lo político. Todos estos actos son inmorales independientemente del área, sin embargo, la palabra inmoralidad cabe mejor cuando se usa en la dimensión personal y social, y corrupción cuando sucede en el plano político.

Pero sin dudas hay que aceptar que la inmoralidad social y la corrupción política están íntimamente interconectadas, ambas son dos caras de una misma moneda, se alimentan entre sí. En un país donde la corrupción política se tolera abiertamente podemos estar seguros de que sus pobladores están faltos de moralidad. Al aceptar la corrupción política como un modo de vida, la gente también acepta la deplorable realidad de que la única forma de acceder a un modo de vida decente es haciendo trampas y truculencias de toda clase. Se adopta así un patrón de comportamiento de hacer riquezas en el corto plazo y de cualquier manera aunque sea violando la ley. La gente mira exclusivamente a través del lente de sus intereses particulares, sin importar lo que le suceda a los demás, perdiéndose así la dote de la solidaridad y su capacidad de protesta frente a los abusadores del poder.

La gente llega a despreciar el lenguaje político sensato que pide moralidad de aquellas fuerzas políticas equilibradas y pensantes, y que también pide solidaridad hacia los problemas de otros y así, se tornan fácil presa de quienes controlan los instrumentos de poder. De esta manera, el individuo que acepta la corrupción acepta la ilegalidad y la injusticia. Éstos son algunos efectos perniciosos que la clase política corrupta produce en la población, a la cual le hace creer que esa es la manera normal de funcionar en la sociedad.

Para desgracia nuestra, la clase política de este país se ha vuelto mayoritariamente corrupta y deshonesta, con tendencias claras al fraude, a las truculencias y hasta la conspiración contra Órganos del mismo Estado.

¿Cómo sorprenderse entonces frente a nuestra realidad de descomposición, violencia y fraude social generalizado? Si ello no es más que el resultado de un problema estructural, cultural, endémico, de nuestra sociedad, de nuestros tiempos, pero sobre todo de la gran corrupción política que desde las esferas de poder se ha “irradiado” a todo el pueblo.

Ahora, por vez primera en este país, se está juzgando a un ex-presidente de la República, un hecho inédito en sí, aunque cuya mayor virtud sea la de mostrar que existe una “metarealidad” en la cual aún aquellos funcionarios o exfuncionarios deban responder ante la Justicia por sus actos corruptos. Pero hay que preguntarse si la misma vara de justicia está preparada para medir a todos aquellos que en el futuro, del signo ideológico que sea, puedan ser tratados por igual, llevándonos a preguntar acertadamente si existen las condiciones de justicia estructural para que eso suceda.

El problema ya no es si se va a meter a la cárcel a un ex-presidente (valga decir que si se comprueba su corrupción así deberá ser), sino el de preguntarnos si podemos seguir tolerando un Estado que ha propiciado la posibilidad de que tales actos hayan sido de común actuar por parte de los gobernantes y funcionarios. Y esto trasciende a si en este momento administra la cosa pública el principal partido de oposición, pues si no se establecen las reglas y los cambios estructurales necesarios para que tales acciones sean proscritas, no habremos salido de mucho, pues los corruptos no tienen signo ideológico, y nadie es inmune a la corrupción completamente. La gran interrogante es si podemos tolerar la estructura de esta vieja y moribunda República, si no deberíamos crear un nuevo Estado, un nuevo país, una nueva democracia y un nuevo orden político estructural, si acaso no necesitamos una nueva constitución y una NUEVA REPÚBLICA.

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