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Galeano: la minería a gran escala y el perpetuo saqueo


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Inconstitucionalidad.

En tanto, el fiscal Enrique Viana Ferreira presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada “ley Aratirí 19.126”, por considerar que “esquiva la prohibición constitucional de causar daños graves al medio ambiente”, según estampó en el escrito, al que accedió El País.
“Es una ley regresista, que retrocede en la tutela de un derecho humano como es la protección ambiental”, afirmó el fiscal.
“Si la protección del medio ambiente es de interés general por voluntad de la Constitución, mal puede una ley como la de Minería de Gran Porte declarar de utilidad pública una actividad contraria a ese interés general”, insistió.
Y agregó en el escrito que “nadie discute que la megaminería a cielo abierto del proyecto Aratirí causará destrucción y contaminación graves del medio ambiente. Lo que la ley 19.126 hace es justificarla, declarándola de utilidad pública e identificando sus impactos ambientales. No cabe concluir algo distinto que su inconstitucionalidad”.
25.12.13  Juan Pablo Correa
El lunes la asamblea de COFE decidió prácticamente por unanimidad adherir a la campaña de recolección de firmas para que en forma simultánea con las elecciones nacionales se vote para prohibir expresamente en la Constitución la minería metalífera a cielo abierto.
El directivo de COFE, Pablo Cabrera, dijo a El País que el sindicato recibió información de los activistas contra la minería y que los gremios que forman la confederación llegaron a la conclusión de que el beneficio que traería la extracción de hierro por parte de Aratirí sería “mínimo”. “Estamos comprometidos con el medio ambiente y la extracción deterioraría la tierra en un futuro no muy lejano”, sostuvo Cabrera.
De esta forma, COFE se suma a la Federación Rural que también adhirió a la campaña. En el otro extremo, el sindicato de Aratirí está participando en la campaña que el gobierno realiza en los medios para destacar los beneficios de la minería de gran porte.
En paralelo, una cincuentena de productores presentó el lunes un recurso administrativo ante la Dirección Nacional de Minería y Geología contra las solicitudes que presentó la empresa Aratirí para acceder a sus predios para explotar hierro y para instalar el ducto que llevaría el mineral a la costa oceánica de Rocha.
Los productores entienden que las solicitudes no son válidas porque no fueron acompañadas de certificados notariales actualizados que acrediten la propiedad de los establecimientos. Incluso, un agrimensor de Dinamige notó la omisión y solicitó a Aratirí que presentara sus pedidos de forma apropiada, dijo a El País Julio Gómez García, un productor de Cerro Chato que está coordinando las acciones jurídicas de los productores.
Gómez García explicó que los funcionarios del Ministerio de Industria entregaron los cedulones “en base a un listado que dio la empresa” que no refleja información reciente sobre eventuales cambios de titularidad de los predios. Los productores que recurrieron provienen de la zona de Cerro Chato (en el límite entre Durazno, Florida y Treinta y Tres), la zona de Valentines (entre Treinta y Tres y Florida) y del departamento de Rocha.
Aproximadamente 400 productores fueron notificados este mes por funcionarios del Ministerio de Industria acompañados de agentes policiales.
El 2 de diciembre se lanzó una campaña para promover una reforma constitucional que prohíba la minería metalífera a cielo abierto. Este viernes se realizará una primera evaluación de la campaña que ha reunido hasta unas 10.000 firmas, informó el activista Óscar Baccheta.
“El tema está instalado en la población pero nos falta gente para recolectar firmas”, reconoció. Se requieren unas 260.000 firmas seis meses antes de las elecciones para lograr que en octubre se vote la reforma constitucional.
El gobierno logró la aprobación este año de la ley de minería de gran porte y en este mes declaró que el proyecto de Aratirí cuenta con esas características
Gómez García dijo que la empresa está queriendo actuar “a los ponchazos y al galope” y que los productores entienden que, por lo que consideran vicios formales, no puede comenzar a correr todavía el plazo de que disponen para recurrir las solicitudes de explotación que es de 30 días hábiles que no son prorrogables.
Aquellos productores que se oponen a la minería entienden que los predios donde se realice la extracción de hierro quedarán inutilizables para las actividades agropecuarias. La zona en la que planea actuar Valentines es predominantemente ganadera y de productividad media aunque también se realiza allí algo de agricultura.
Aratirí está discutiendo con el gobierno el contrato que enmarcará su actividad. También están pendientes las autorizaciones ambientales para que extraiga hierro y para que lo transporte a través de un mineroducto a un eventual nuevo puerto de aguas profundas en Rocha.
De acuerdo a un relevamiento de El País, hay unos 350 predios en Rocha afectados, 99 en Lavalleja, 157 en Treinta y Tres, 192 en Florida y 197 en Durazno.

En Lavalleja hay pedidos por oro

Si bien en Uruguay hoy se asocia la megaminería a cielo abierto con el proyecto Aratirí, otro grupo de productores del centro y oeste de Lavalleja presentó recursos contra los pedidos de prospección para buscar oro y cobre a cielo abierto que realizó una empresa. La activista Carol Aviaga dijo que las zonas afectadas son las cercanías del arroyo El Soldado y las zonas de Barriga Negra, Sierras Blancas y Espuelitas.
Aviaga agregó que vecinos de José Pedro Varela, al norte de Lavalleja, presentaron recursos también porque les preocupa que se ha reservado un predio a menos de 20 cuadras de la plaza principal de esa localidad para que por allí pase el ducto de Aratirí que podría sufrir roturas.
Les preocupa que esté previsto que el ducto pase sobre el arroyo Corrales que forma el límite entre Lavalleja y Treinta y Tres y que abastece a esa localidad.
En Rocha se han pedido predios para el ducto cerca de Lascano, en el noroeste del departamento. Aratirí planeaba exportar el hierro a través de un puerto que se ubicaría en La Angostura (Rocha) pero el gobierno le pidió que lo haga por el puerto de “aguas profundas” al suroeste. Aratirí no terminó aún los estudios de impacto sobre el nuevo trayecto que se le exigió.

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