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En Chiapas se declaran territorios libres de represas y mineras


En la esquina sur de México y de manera inédita, una zona entera se organiza para detener a los megaproyectos desde su fase de prospección.

Asamblea de MOVIAC-Chiapas, Centro de Medios Libres del DF y SanCrisTencia
Ligas
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Tapachula, territorio libre

Tapachula, Chiapas. Ocho municipios chiapanecos fueron declarados territorios libres de represas y extracción minera, en ejercicio de su libre determinación y el precepto jurídico del derecho al consentimiento libre, previo e informado. En un acto político público realizado el 10 de diciembre, 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, Chicomuselo y Tuzantán dieron a conocer su determinación, que quedó asentada en un acta colectiva firmada y sellada por los representantes.

El acta, avalada por un notario público, está dirigida al presidente de la República mexicana, Enrique Peña Nieto; al gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a otras autoridades de los tres niveles del gobierno y al pueblo de México. La declaratoria se dio en medio de denuncias, no sólo sobre la entrada ilegal y sin permiso comunitario de empleados de empresas extractivas a los territorios, sino también sobre la reforma energética y hacendaria, la plaga de la roya, las altas tarifas de la energía eléctrica y el abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos.

Entre diferentes tensiones durante la marcha y en el acto público en el Parque Central Miguel Hidalgo, y ante la falta de presencia de la autoridad municipal, las comunidades decidieron tomar la presidencia municipal de Tapachula para intentar dialogar con el alcalde y hacer que firmara el compromiso de no dar licencia alguna a empresas nacionales y extranjeras para los proyectos que amenazan a los pueblos. Aunque el presidente municipal tuvo conocimiento previo de la movilización, no se presentó, sino que envió al secretario de Gobierno y al síndico municipal para intentar convencer a la gente de que los gobiernos local, estatal y federal no tienen conocimiento de ningún tipo de estos proyectos en la zona.

Las más de mil personas que tomaron la presidencia lograron que las autoridades firmaran de recibida el acta colectiva, y que se comprometieran a salvaguardar a las comunidades ante la entrada de maquinaria y personas ajenas que intervienen en la zona.

La Voz del Pueblo contra la prospección minera e hidroeléctrica

Durante el 2013, las comunidades se organizaron con pláticas, talleres y tres movilizaciones contra la imposición de mineras y presas en la región. Ubicaron así una intensa prospección de empresas de estos rubros, e incluso hay comunidades que requisaron maquinaria que, sin consulta a las comunidades, se había introducido.

Las comunidades movilizadas y organizadas se uificaron en su diversidad con la consigna de que la voz del pueblo es la única que puede decidir sobre el presente y destino de sus territorios. Se comprometieron a defender sus tierras, cultivos y forma de vida, ante cualquier imposición o proyecto que ponga en riesgo a las futuras generaciones.

Saludos solidarios

Diversas organizaciones nacionales e internacionales saludaron la declaratoria de los ocho municipios chiapanecos. De Guerrero llegó un mensaje suscrito por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Procesos Integrales Para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). El saludo señala “Estamos claros que la movilización, el intercambio y la resistencia son los principales elementos de lucha de nosotros pueblos indígenas de todo el país”, al tiempo que ofrece un abrazo fraterno y pide a las organizaciones que se sientan acompañadas en su lucha.

El Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo Minero, integrado por organizaciones, campesinos e indígenas de Panamá, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, también envió un saludo que señala: “Por este medio reciban nuestra solidaridad todas las organizaciones, campesinos e indígenas que exigen que sus territorios sean libres del modelo extractivo minero”.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) “felicita y manda un saludo solidario a la movilización de comunidades, organizaciones y ejidatarios que hoy se movilizan y se organizan para defender su vida, sus tierras, sus territorios y sus derechos humanos.” Y concluye señalando: “No están solos”.

Un día histórico

Dentro de las estrategias de los megaproyectos, las presas, hidroeléctricas y minas vienen juntas. Poco a poco, las comunidades en México y en América hacen conciencia de la forma en que se les imponen sin el permiso de las comunidades que resultarán afectadas. Aquí y allá, una comunidad se da cuenta de la imposición de un megaproyecto, pero es inédito que de golpe 56 comunidades de 17 municipios -mientras apenas está la fase de prospección- estén unidas para manifestarse contra la ilegal imposición de estos megaproyectos en toda una región de Chiapas.

Esa diversidad de comunidades, ejidos y organizaciones lograron sobreponerse a las diferencias entre campesinos e indígenas y entre diversos credos, filiaciones políticas y confrontaciones históricas.

El proceso de resistencia y articulación de los pueblos, en la esquina sur de México, lleva ya un tiempo de construcción, pero a partir de este acto público toma una nueva dimensión. Hace responsable a las autoridades correspondientes de cualquier tipo de conflicto generado por el intento de seguir impulsando estos proyectos de represas y minas en la región.

 Policía canadiense, defensora del fracking

Aunque sus voceros aseguran que son neutrales, los ataques de la policía montada contra las naciones indígenas que defienden sus territorios demuestran lo contrario.

Jorge Barrera/ APTN National News
Traducción: Heather Harper
Foto: Malcolm Ward, Ossie Michelin
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Canadá. Dos policías de la RCMP (La Real Policía Montada del Canadá) de New Brunswick tocaron la puerta de Malcolm Ward el 11 de diciembre por la mañana, mientras el hombre mi’kmaq jugaba en la sala con su hijo, River, de un año de edad.

Ward contestó al llamado y los policías le dijo que lo detendrían por el delito de acercarse demasiado al equipo que es propiedad de SWN Resources Canada, una compañía energética de Houston que lleva a cabo la exploración de gas de esquisto en la provincia.

“Tenía a mi hijo en mis brazos en ese momento”, relató Ward, poco después de salir de la cárcel ese mismo día, pero por la noche.

Luego llegó su esposa.

“Le dije que estaba detenido y mi esposa se puso a llorar un rato, y rogó a la RCMP que me dejaran en paz”, señaló Ward, oficial del sector pesquero de la Primera Nación Metepenagiag, guardiana del suroeste del río Miramichi.

Ward levantó a su hijo y le dio un beso antes de que los policías se lo llevaran por la puerta de la entrada, para luego meterle en el asiento trasero de la patrulla.

“Me dio sentimiento porque pensé que no lo volvería a ver por mucho tiempo”, recordó Ward.

Varias horas después, a unos mil 178 kilómetros de su casa, mientras se sentaba sobre un delgado colchón en una celda del destacamento del RCMP en Moncton, New Brunswick, surgió el nombre de Ward durante una sesión de un panel sobre la vigilancia policial. Participaron dos policías de alto rango del RCMP en una asamblea especial para los jefes indígenas, dentro del marco de la Asamblea de Primeras Naciones en el Casino Lac Leamy en Gatineau, Quebec.

“Un hombre llamado Malcolm Ward fue detenido el día de hoy”, acusó Amanda Polchies, una mujer de la Primera Nación Elsipogtog. Polchies intervino durante el panel sobre la vigilancia policial porque le molestó lo que escuchó.

Polchies es la mujer capturada en una foto que ahora es icónica, donde estaba arrodillada y agarrando una pluma de águila en alto ante un muro de policías el 17 de octubre, fecha en que las unidades tácticas del RCMP, fuertemente armadas, hicieron una redada al campamento anti-fracking liderado por el pueblo mi’kmaq en Rexton, New Brunswick.

Polchies viajó a Gatineau desde Elsipogtog, que se encuentra aproximadamente 113 kilómetros al sur de Matepenagiag y 92 kilómetros al norte de Moncton, para retar a los jefes a que apoyaran a la batalla de las bases mi’kmaq contra la exploración de gas de esquisto en su territorio. El descubrimiento del gas de esquisto eventualmente llevará a la fractura hidráulica, o fracking, y el pueblo mi’kmaq teme que la controversial forma de extraerlo represente una amenaza para el agua y el medio ambiente de la región.

Después de sahumar con pasto dulce un plato que le ofreció el jefe de la nación dene, Bill Erasmus, Polchies acusó a la RCMP de montar una campaña de intimidación en contra del pueblo mi’kmaq.

“Yo escuché a la RCMP amenazando a la gente. Escuché cómo se burlaban de nosotros, diciendo que nos iban a meter a todos en la cárcel. ¿Qué van a hacer? Yo quiero saber”, retó Polchies.

La indígena declaró que la redada destruyó la relación que tardó años en establecerse entre la RCMP y el pueblo mi’kmaq en su comunidad. “Lo que tardamos 15 años para construir, se destruyó el 17 de octubre. La gente de mi comunidad jamás volverán a mirar a una policía de la RCMP de la misma forma”, resumió.

Tyler Bates, comisario de la RCMP y encargado de la vigilancia policial de los indígenas, y la comandanta en jefe de la RCMP de Saskatchewan, Brenda Butterworth-Carr, se quedaron en el escenario escuchando, pero no respondieron.

La lucha contra el fracking

El pueblo mi’kmaq de Elsipogtog encabezó una lucha de un mes contra SWN Resources Canada por todas las carreteras y caminos de la región.

La redada del 17 de octubre desató un día de enfrentamientos entre los residentes de Elsipogtog y la policía de la RCMP, quienes usaron gas pimienta y balas con sacos de frijoles en un intento por controlar a la gente. La RCMP hizo la redada al campamento con el pretexto de la seguridad pública y más tarde mostró como evidencia tres rifles, munición, navajas, y artefactos explosivos caseros que tomaron durante la redada. También se quemaron seis vehículos de la RCMP y la policía detuvo a un total de 40 personas aquel jueves.

Sin embargo, la redada hizo poco para minimizar las protestas, y continuaron las detenciones a lo largo del otoño mientras el pueblo mi’kmaq, junto a sus simpatizantes de las comunidades cercanas de acadianos y anglófonos, montaron mítines casi diarios contra la exploración de SWN, y en dos ocasiones quemaron llantas en la Carretera 11.

SWN suspendió su trabajo de exploración el 6 de diciembre.

La RCMP continúa con sus investigaciones relacionadas con las protestas, de acuerdo con su vocera, Jullie Rogers-Marsh. Las manifestaciones acabaron con cientos de miles de dólares en equipo de SWN y de su sub-contratista. Pero la continuación de la acción policiaca también agrava las tensiones entre la RCMP y el pueblo mi’kmaq.

“¿Por qué la gente sigue siendo acusado por la policía? ¿Por qué tenemos que aguantar estas investigaciones si SWN ya se fue? ¿Por qué no pueden dejar el 17 de octubre en el 17 de octubre?”, cuestionó Ward, quien tiene dos hijos en Elsipogtog.

Ward declaró que la RCMP le señala porque es uno de los críticos más francos de las acciones de la policía el 17 de octubre. Recordó que fue una de las personas que fue testigo cuando un miembro vestido de negro de la unidad táctica de la RCMP se burló de los manifestantes al decir: “la tierra de la Corona le pertenece al gobierno, no a los pinches nativos”.

Ward también estuvo presente cuando las policías de la RCMP empujaron a sus colegas hacia una muchedumbre de manifestantes ese mismo día.

“Vi a unos de la RCMP empujar a otros policías para quedarse hasta el frente. De hecho, vi a uno de ellos literalmente cargando a otro como si fuera un cachorro y empujándolo hacia la muchedumbre”, relató Ward. “Fue bien loco. Pensé que sería bueno alzar la voz para señalar que estos policías de la RCMP estaban haciendo algo malo. Supongo que ellos lo tomaron como un amenaza y me ven a mí como el gran agresor”.

En otra entrevista con APTN National News, Butterworth-Carr y Bates se mostraron sin remordimientos por la manera en que la RCMP manejó la redada del 17 de octubre y las protestas contra el trabajo de exploración de gas esquisto de SWN.

“Es una lástima cuando la actividad de protestar resulta en el accionar de cuerpos policiales. Es nuestra intención trabajar para que ambas partes puedan encontrarse en la mesa de diálogo para platicar y resolver sus reclamos”, declaró Bates.

“Si hay indicios de violencia, de amenazas o de cualquier cosa que va a llevar a las cosas hasta ese nivel, habrá respuesta por parte de los cuerpos policiales”, amenzaó Butterworth-Carr.

Auto retrato esposado

Ward informó que fue detenido por presuntamente haber violado una condición de libertad el día 12 de noviembre. La condición era mantenerse a un kilómetro de distancia del equipo que pertenece a SWN o sus contratistas, y surgió a raíz de su detención el 17 de octubre.

“Les dije, ‘¿cómo puedo violar la condición? Cada vez que iba a una protesta les preguntaba a la RCMP dónde quedaba mi distancia segura’”, acusó Ward. “La RCMP me dijo dónde podía estar. Fue muy, muy confuso darme cuenta de lo que pasaba”.

Jullie Rogers-Marsh, agente de la RCMP, argumentó que no podía confirmar si Ward fue detenido el 11 de diciembre. Sin embargo, la detención se transmitió en tiempo real por Facebook.

A mitad del camino hacia el destacamento de la RCMP de Moncton, sentado en el asiento trasero del vehículo de la policía, Ward se dio cuenta que el teléfono de su esposa aún estaba en su bolsillo. Con sus manos esposados frente a él, sacó el teléfono y se fotografió a sí mismo para luego subir la imagen a Facebook.

También envió mensajes por la red social a gente en Elsipogtog pidiéndoles contactar a un abogado para él. “Alguien envíame un abogado”, escribió Ward en su página. “Me detuvieron por violación de la condición. Alguien. Jefe y consejo. Alguien, ¡por favor!  (sic)”.

En otro estado de Facebook, Ward dijo que se sentía “mareado”, y que su cabeza “daba vueltas”, y que les informó a los policías que le detuvieron que padece de síndrome de estrés pos-traumático.

“Tengo miedo de estar en una celda del destacamento. Cuando tenía 14 años, algo me pasó. No puedo estar encerrado. Mi corazón no lo aguanta”, escribió Ward en su página de Facebook. “Solo quiero estar con mi familia. Estoy confundido. Y perdido. (sic)”.

En un mensaje de Facebook a un individuo en Elsipogtog, Ward aseguró que había “dos carros de policías escoltándome. Estoy en el asiento trasero de un carro de policía ahora mismo”. El residente de Elsipogtog respondió, pidiéndole su número de celular. “Me van a quitar el teléfono si me ven llamando”, escribió Ward.

“Mi cuenta de Facebook se volvió tan solicitada que se volvió lento mi teléfono”, recordó Ward en una entrevista por teléfono con APTN National News. “Las notificaciones y mensajes al buzón que entraban atascaron el teléfono hasta que ya no pude responderle a nadie”.

Señaló que logró salir de su cuenta de Facebook y apagar su teléfono antes de llegar al destacamento.

“Cuando llegue a la estación de policía, ya me esperaban algunas llamadas de abogados”, informó Ward.

Las consecuencias se sienten en New Brunswick

Los sucesos en Elsipogtog también tuvieron un impacto en la relación entre la RCMP y las comunidades de las Primeras Naciones en otras partes del país.

El jefe y consejo del Bando Indígena Skeetchestn en Columbia Británica, recientemente escribió una carta a la RCMP y al jefe de gobierno de New Brunswick, David Alward, para expresar su “rabia” por las acciones policiacas en la provincia. Skeetchestn tiene un acuerdo de vigilancia policial con la RCMP.

“Es claro que la exploración de gas esquisto por parte de SWN Resources Canada va en contra de los deseos del pueblo mi’kmaq y se lleva a cabo en tierras que nunca fueron cedidas a la Corona, que están claramente en su territorio tradicional”, señala la carta del 6 de diciembre. “El uso de gas pimienta por parte de la RCMP contra ancianos y mujeres de la Primera Nación de Elsipogtog, quienes estaban llevando a cabo manifestaciones pacíficas, es una situación que viola todo lo que nosotros apreciamos como nación y tiene que parar”.

Mike McKenzie, quien representa a Skeetchestn en una reunión de AFN (la Asamblea de Primeras Naciones, por sus siglas en inglés), personalmente entregó la carta a Bates y Butterworth-Carr.

Terry Deneault, consejero de Skeetchestn, señaló que los sucesos en Elsipogtog dejaron preocupada a la gente de su comunidad. “Me enteré de algunos sucesos duros, de cómo fue tratada nuestra gente. Nuestros ancianos y nuestros jóvenes fueron rociados con gas de pimienta y tirados en el suelo. Esto no debe suceder”, reclamó Deneault. “No sé a quiénes realmente protege la RCMP. ¿Es a la salud y la seguridad de cada ciudadano canadiense o a las compañías que están frackeando?”.

Butterworth-Carr asegura que la RCMP juega un papel neutral en todo conflicto. “No es en apoyo de una comunidad, no es para apoyar al gas esquisto en este caso, no es en apoyo al gobierno, es para mantener la seguridad de todos los involucrados”, alegó la vocera.

Butterworth-Carr señaló que ya es tiempo de reconstruir la relación entre la RCMP y Elsipogtog. “Tiene que ver con empezar de nuevo y asegurar que haya franqueza en la conversación y la reconstrucción de la confianza”.

jbarrera@aptn.ca

@JorgeBarrera

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