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Las complicidades de Agustín Edwards


Cuatro de los nueve candidatos presidenciales se prestaron para el show que cada cuatro años monta la Fundación Paz Ciudadana en Casa Piedra -el recinto de los grandes eventos de la clase gobernante-. Su propósito es que los candidatos a la Presidencia de la República se prosternen ante el amo supremo de la Fundación, Agustín Edwards Eastman, propietario de El Mercurio, criador de caballos, navegante y huaso de utilería en Fiestas Patrias.

A los 85 años, Edwards -que contribuyó a desatar la tragedia del terrorismo de Estado-, se ha convertido en sumo pontífice de las políticas de seguridad pública, tema electoral regalón de la derecha. Los candidatos presidenciales someten a la aprobación de Edwards las medidas que proponen para combatir la delincuencia. Invariablemente consisten, sobre todo, en aumentar la dotación de Carabineros y de la PDI, y sus presupuestos. Lo cual no sólo merece la aprobación de Edwards sino de todo el empresariado que en la ocasión atiborra Casa Piedra para cerciorarse que el próximo gobierno potenciará la vigilancia de sus bancos y mansiones.

A ciertos candidatos les importa un comino que el presidente de la Fundación Paz Ciudadana sea el principal “cómplice pasivo” de los miles de crímenes que se cometieron bajo la dictadura militar. Ni tampoco que Edwards haya servido a la CIA para conspirar contra su patria. Solo les interesa conseguir el visto bueno del poderoso industrial de la mentira cotidiana. 

Como alumnos aplicados, se presentaron en Casa Piedra -con sus propuestas aprendidas de memoria-, las candidatas Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, y los candidatos Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi. Luego del discurso de rigor de Edwards, trazando las pautas de una política de Estado para la seguridad pública, las y los candidatos recitaron aquello que les hicieron memorizar sus asesores. Esta vez Michelle Bachelet llevaba ventaja porque la vocera de su comando, Javiera Blanco, era hasta hace dos meses vocera de Paz Ciudadana en calidad de directora ejecutiva de la Fundación de Edwards. Y por supuesto la candidata de Nueva Mayoría (ex Concertación) planteó la contratación de miles de carabineros y detectives para cuidar la sagrada propiedad privada. Javiera Blanco fue también subsecretaria de Carabineros en el gobierno de Bachelet, y seguramente ocupará un cargo en el próximo gobierno si la candidata resulta elegida.

La Fundación de Edwards se especializa en este dominó de las personas que van y vienen del área pública al trampolín de la empresa privada, y viceversa. El vicepresidente de Paz Ciudadana es Sergio Bitar, ex ministro de Educación y Obras Públicas de la Concertación, ex ministro de Minería del presidente Salvador Allende, ex democratacristiano, ex Izquierda Cristiana y actual dirigente y financista del PPD. En el directorio de la Fundación también están la senadora DC Soledad Alvear, el ex ministro de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, y el inefable Eugenio Tironi, ex Mapu, lobbista de alto bordo y asesor de lo que venga.

El más ansioso en Casa Piedra, sin embargo, era el propio Edwards. Al día siguiente debía presentarse ante el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza. El magistrado instruye un proceso contra los responsables civiles del golpe militar. La acusación la hacen agrupaciones de derechos humanos representadas por el abogado Eduardo Contreras. Ante el juez, Edwards tuvo que desembuchar parte de su siniestra historia. Se vio obligado a admitir, por ejemplo, su relación con la CIA. También que apenas Allende ganó el 4 de septiembre de 1970, Edwards despavorido partió a Washington a gestionar la intervención norteamericana en Chile.

Además de su nexo con la CIA -que lo consideraba uno de sus principales colaboradores en América Latina-, el dueño de El Mercurio contó con la ayuda de Donald Kendall, presidente de Pepsico, que lo conectó con el presidente Richard Nixon, que había sido abogado de Pepsi Cola. Ante el juez Carroza, Edwards reconoció haber participado en una reunión con Richard Helms, director de la CIA, y Henry Kissinger, consejero de seguridad nacional de Nixon y más tarde secretario de Estado. Sin embargo, negó haber pedido que EE.UU. interviniera en Chile para producir el desabastecimiento y la crisis que serviría de pretexto para derrocar al presidente Allende. También negó haber recibido financiamiento de la CIA para El Mercurio. Sus evasivas, sin embargo, poco importan a estas alturas, porque la responsabilidad de Edwards en la trama golpista se encuentra acreditada en numerosos documentos desclasificados por el gobierno norteamericano, en el Informe Church del Senado de EE.UU., en las memorias de Henry Kissinger, etc.

La historia -sin duda- acusará a Agustín Edwards Eastman de haber traicionado a su patria. Lo declarará culpable de haber pedido la intervención de una potencia extranjera para derrocar al gobierno constitucional de Chile. Lo acusará de haber inducido a las fuerzas armadas a pisotear la Constitución y las leyes y lo considerará corresponsable de la matanza de chilenos cometida entre 1973 y 1989.

En cuanto a las candidatas y candidatos que voluntariamente se convierten en “cómplices pasivos” de este individuo: que los juzgue el veredicto del pueblo.

 MANUEL CABIESES DONOSO

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