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El 50% de las personas más pobres produce el 70% de la alimentación mundial


alimentacion mundial

“El ‘libre comercio’, especialmente entre los países enriquecidos y empobrecidos, no es otra cosa que la libertad del zorro en el gallinero, la implantación planetaria de feroces normas de negocios que, en la práctica, se asemeja a una manada de depredadores al acecho de sus presas“. Así justifica la presidenta honorífica de ATTAC-Francia, Susan George, la necesidad de la implantación del llamado Comercio justo, en el prólogo del informe anual sobre este sector que se ha presentado esta mañana.

Con este informe se pretende abordar cuál es el estado del sector en su conjunto, aplicado a las relaciones de España con los países productores. Según ha explicado Gonzalo Donaire, miembro de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, la facturación de este tipo de productos se ha incrementado un 6% en 2012 respecto al año anterior, y sus ventas, desde el año 2000, se han multiplicado por cuatro.

El comercio justo es una forma de producción, distribución y comercialización de productos en cuyo proceso se establece una relación voluntaria, justa y equitativa entre productores (establecidos en las regiones más pobres de África y América) y consumidores (los países industrializados). Esta forma de comercio rechaza la explotación laboral, las relaciones abusivas, el trabajo infantil o los precios que no contribuyan a que los productores puedan tener unas condiciones de vida dignas. En este sentido, Donaire ha recordado que la mitad de las personas más pobres del mundo son, paradójicamente, pequeños productores o agricultores que producen el 70% de la alimentación mundial.

Los productos de este sector en la mayor parte de Europa están certificados con el sello de Fairtrade, lo que posibilita que puedan venderse en cualquier establecimiento con la garantía de que cumplen los requisitos exigidos. Pero en España, al comenzar a implantarse este tipo de comercio alternativo en los años 80, con 20 años de retraso respecto al resto del continente, no todos lo tienen. Esto quiere decir que, sin esta certificación, únicamente las tiendas que pertenecen a las organizaciones de comercio justo pueden venderlo con la garantía de que se han producido en condiciones de equidad y justicia. Y si lo tienen, puede comercializarse en cualquier lugar.

Los productos de este sector en la mayor parte de Europa están certificados con el sello de Fairtrade, lo que posibilita que puedan venderse en cualquier establecimiento con la garantía de que cumplen los requisitos exigidos. Pero en España, al comenzar a implantarse este tipo de comercio alternativo en los años 80, con 20 años de retraso respecto al resto del continente, no todos lo tienen. Esto quiere decir que, sin esta certificación, únicamente las tiendas que pertenecen a las organizaciones de comercio justo pueden venderlo con la garantía de que se han producido en condiciones de equidad y justicia. Y si lo tienen, puede comercializarse en cualquier lugar.

Gonzalo Donaire ha querido destacar también la creciente participación de las grandes superficies y los supermercados a la hora de vender los productos con el sello Fairtrade, que en un 90% están vinculados a la alimentación, especialmente café y dulces. Gracias a estos establecimientos se ha conseguido facturar casi el 50% de los 28,3 millones de euros ingresados en 2012. Una colaboración cada vez más activa que choca con la actitud de la Administración Pública, que, según Donaire, actualmente tiene un papel “escaso, por no decir nulo, como consumidor de Comercio Justo. Algo que contrasta con la colaboración pública en otros países cuya implantación ya está asentada“.

Contrarrestar la dinámica capitalista

Con la defensa de este modelo económico-comercial alternativo se pretende denunciar y contrarrestar la dinámica propia del sistema capitalista actual, esencialmente abusiva. “Prácticamente todos los acuerdos bilaterales o multilaterales actualmente en vigor incluyen cláusulas que permiten a las empresas transnacionales exigir a los gobiernos reparaciones en caso de que aprobasen cualquier ley o normativa que pudiera limitar sus beneficios presentes o incluso los esperados“, denuncia Susan George.

Estos acuerdos también a los gobiernos a reducir o eliminar sus aranceles, lo que somete a los productores locales a la presión de la competencia extranjera, aunque con menor facilidades fiscales y menos recursos económicos para hacerles frente. Una realidad que termina por hacerlos desistir y, o bien someterse a las condiciones abusivas a las que les obligan las circunstancias, o bien tratar de encontrar otra forma de ganarse la vida. Aquí reside la relevancia de fomentar el comercio justo o, como apunta Susan George, “cualquier otra estrategia que ayude a liberar a un país y a su gente de las garras de las transnacionales y de los bancos“.

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